Cultura renuncia al modelo Sarkozy que desconecta a los usuarios que descargan en redes P2P, pero perseguirá a los responsables de páginas web que alberguen enlaces con contenidos protegidos por derechos de autor. Además, los internautas que suban contenidos serán advertidos, aunque al parecer sin consecuencias legales, aunque sí técnicas.

Según recoge El País, la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, renuncia a la persecución de los usuarios que realizan descargas de vídeos y música en redes P2P y se centra en la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas. Según algunas estimaciones, las páginas de Elinks son responsables del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).

Los internautas que suban contenidos (compartan sus ficheros) en redes de itnercambio serán advertidos -con “carácter educativo“, según sus promotores- para que dejen de hacerlo. De no surtir efecto, los operadores podrían filtrar o bloquear el acceso a determinadas páginas web, evitando en la medida de lo posible la desconexión a Internet.

Aunque el sistema de tres avisos es el que se quiere implantar en Francia y Reino Unido, la propuesta en España es que se minimice el número de notificaciones para evitar la alarma social. Y es que, frente al modelo francés, que prevé 10.000 notificaciones al día para los internautas, las cifras que se manejan en la negociación entre la Coalición y Redtel no alcanzan ni el 0,01% de esa cifra.

Para aplicar ese sistema, se propone una Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente -vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria.

En GuiasInformaticas creemos que el modelo propuesto no se ajusta ni por asomo a la legalidad vigente, dado que implica la escucha y monitorización de las comunicaciones de los usuarios, algo terminántemente prohibido por la Constitución, que garantiza el derecho al secreto de las comunicaciones. Habrá demandas por esto, y como se trata de derechos fundamentales, será el Supremo el que tenga que pronunciarse al respecto.

Es parte de un artículo publicado en ADSLZone.

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