Guías Informáticas V2

Mar

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Las razones de la sinrazón digital de la presidencia

Hace unas semanas, bastantes ya, iniciamos junto con otros ciudadanos una serie de protestas, a través del correo electrónico, para hacer saber a nuestros gobernantes lo que pensamos de la Ley de Economía Sostenible, y en concreto, de lo que la Disposición Final Primera supone. Bien, pues hoy hemos recibido contestación (toda la pinta de ser circular, pero en fin; al menos han mandado algo de vuelta) y no salimos de nuestro asombro al leerla. Pasamos a deshojar esta margarita, que podeis consultar aquí si lo deseais, punto por punto:

Don José Enrique Serrano Martínez, responsable del gabinete de presidencia, nos agradece amáblemente nuestro escrito, y nos cuenta que ellos están encantados de debatir con todas las partes implicadas. Curiosamente, las partes implicadas a las que han escuchado a la hora de redactar el proyecto de ley no incluye en realidad a todos los interesados, dado que no se pensaba contar con nosotros, los internautas de a pie, hasta que surgió el movimiento #Manifiesto, y se vieron atrapados en una ola de protestas que desembocó en la convocatoria forzada de destacados miembros de la Comunidad internauta, aunque no necesariamente los más representativos.

Cierto es que a esa reunión se les convocó con carácter informativo, es decir, que no se tenía la menor intención de contar con la opinión de los que a diario vivimos online, y se temía en su momento, como parece resultar, que no se trataba más que de una mascarada pensada para aplacar las iras del ciberespacio. Y es que, según parece, algunas partes están más implicadas que otras…

El señor Serrano nos habla de lo mucho que ha cambiado la sociedad española desde la primera ley de propiedad intelectual, allá por el 1847, como dando a entender que ya toca renovarla. No le diremos que no a don José en esto, porque efectívamente, es necesaria una reforma en profundidad de la LPI, pero no en el sentido que el, ellos, quieren hacerlo, sinó mirando más hacia los nuevos modelos de negocio viables y sostenibles y más hacia el procomún y el dominio público, dejando de lado la sustentación artificial de un negocio obsoleto, restrictivo, que pretende imponer qué, cuándo y como ver, escuchar, leer, y sobre todo, mantener unos márgenes comerciales brutales y abusivos sobre un producto cuyo coste, a día de hoy, es el de una copia, es decir, practicamente cero.

No es de recibo, señor Serrano, que obvie usted la reforma de la LPI llevada a cabo en 2006, donde ya permitieron ustedes que las multinacionales impongan sus normas y les premiaron con la recaudación de un impuesto privado llamado canon digital. Y es que la Ley está redactada a medida, por y para cuidar de los intereses de unos pocos en detrimento de los derechos de toda una sociedad que, para su información le digo, no se va a quedar sentada viendo como ustedes dan cobertura legal a la patada en la puerta digital.

Continúa el texto explicando que el gobierno tiene la obligación de proteger el concepto de propiedad intelectual, porque así lo exige la Constitución. Hasta donde nosotros sabemos, don José, la Constitución protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y no menciona en forma alguna la propiedad intelectual en sí misma. También ordena a las instituciones públicas que promuevan ese derecho. Y ustedes pretenden promocionar la libre creación cerrando páginas web, del mismo modo que incentivan el empleo con 4,5 millones de parados, o promueven el derecho de manifestación cerrando calles para que éstas no puedan tener lugar. Lo que ustedes proponen es una censura encubierta, al estilo de las ley de censura administrativa franquista. Quien podría pensar algo así en gente que se dice obrera y socialista…

Además, señor Serrano, obvia usted el detalle nimio de que la Constitución, en su artículo 18.3 protege el derecho al secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Existen excepciones, en aras de la seguridad nacional, o de la persecución de delitos de terrorismo o de pederastia, por ejemplo, y usted intenta que nos parezca normal que proteger los beneficios de una empresa privada tienen de hecho la misma protección que el derecho al honor, o la libertad de expresión, entre otros.

Nos parece realmente bien que se luche contra la piratería y la violación de la legislación vigente, sea en el mundo analógico o en el digital. Lo que no nos parece tan bien es que ustedes metan en el mismo saco a internautas, pederastas, xenófobos y terroristas, algo que por otro lado, no es nuevo y parecía ya superado. Y es que les guste o no, sólo un juez puede determinar lo que es o no legal, y los jueces están mayoritariamente absolviendo a esas páginas que ustedes califican de ilegales.

No nos cuente usted rollos, señor: Pretenden apartar a los jueces para poder proceder a sus anchas, y esa es la realidad que intentan maquillar a base de parches chapuceros de última hora.

Diga usted, señor Serrano: ¿Le merecería garantías un tribunal colegiado compuesto por conocidos miembros del hampa y los barrios bajos a la hora de juzgar a otro de su condición? Porque eso, en esencia, es lo que ustedes proponen: la comisión estará compuesta por miembros de todas y cada una de las gestoras de derechos de autor, así que diga… ¿De verdad le parece imparcial? ¿Usted cree que se les puede considerar personal independiente?

Señor Serrano, le agradecemos mucho su carta, pero lo cierto es que no nos convence, y desde ya le decimos que si tratan de poner en marcha este atropello, les va a explotar en las narices. Ni pueden legalmente, ni pueden técnicamente: No pueden ponerle límites al progreso, y pagarán muy caro en un futuro no muy lejano lo que ustedes pretenden hacer en este presente tan incierto.