Una sentencia de un juez vigués demuestra que no es necesario redactar una ley especial para Internet que proteja a los autores. Francisco Javier G.Q, administrador de la página TV Simonfilms ha sido condenado a un año de cárcel y 1.800 euros de multa por ofrecer en su página web películas en streaming de forma ilegal. El titular de la web cobraba una cuota a los usuarios por visionar los estrenos de películas o series.

La Fiscalía de Criminalidad Informática de Pontevedra destacó lo “novedoso” de este fallo judicial por ser una de las primeras condenas registradas en la provincia por difundir en la red, con ánimo de lucro, creaciones protegidas por derechos de autor.

La web del acusado se presentaba como un portal de sencillo manejo y fácil consumo para los usuarios que ofrecía más de 1.200 vídeos de películas o conocidas series como “Perdidos” o “Friends”. Para poder visualizarlas los usuarios debían pagar, por tanto, el ánimo de lucro quedaba demostrado al igual que la violación de la propiedad intelectual.

Es parte de un artículo publicado en ADSLZone.

La legislación española es lo bastante clara y está lo bastante madura como para discernir entre un sencillo intercambio de archivos entre particulares sin ánimo de lucro y los negocios basados en la explotación de obras protegidas por derechos restrictivos de autor sin la preceptiva autorización. Se demuestra así que la maniobra del gobierno tratando de censurar la Red a través de la Ley de Patada en el Router, integrada como disposición final prinera en la Ley de Economía Sostenible no es más que un intento de agradar a sus amos y señores de la industria del aburrimiento supino. Y es una muestra más de cómo la debilidad de un gobierno rehén de las majors y servilista como no ha habido en la historia reciente de España, acuciado por la necesidad de recabar votos y apoyos (¿económicos también?), es capaz de hipotecar no sólo el presente, sinó también el futuro de toda una sociedad para favorecer los intereses personales de unos pocos señores en contra de la voluntad soberana del pueblo gobernado.

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