La introducción de la figura del juez en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), que contempla que una comisión administrativa decida sobre el cierre de páginas que enlacen a contenidos con copyright, no ha convencido a los internautas. Por primera vez en la corta historia de la Red española, asociaciones de internautas, blogueros, abogados y activistas han unido sus fuerzas contra lo que consideran una “violación de los derechos constitucionales”.

Su iniciativa, calificada de “apolítica” por sus promotores, se ha materializado en un proyecto común llamado Red Sostenible, que se presentó ayer con el apoyo de grupos como la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, Exgae, Hacktivistas.net o Mujeres en Red, entre otros.

El primer resultado de sus reuniones es un manifiesto en el que se detallan las claves por las que solicitan la retirada de esa disposición. La representante del colectivo Exgae, Simona Levi, detalla que tienen previsto reunirse con partidos políticos, así como con representantes de la cultura para manifestar su oposición a los cambios legislativos previstos: “Tenemos un calendario claro. Nuestra intención es conseguir reuniones con todos los actores involucrados”. Levi añade que, además de interpelaciones oficiales y reuniones, acudirán al Defensor del Pueblo si es necesario para pedir amparo ante lo que considera “una alianza entre el poder económico y político”.

El manifiesto explica que es innecesario crear un medio administrativo para solucionar un tema sobre el que ya hay una legislación jurídica. “Existen procedimientos que permiten actuar contra web, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad”, detalla el texto. Levi avisa de que esta ley “fracasará por sí sola”.

El proceso que se abre cuando un titular de derechos considera que una web está haciendo un uso ilícito su obra puede prolongarse hasta cuatro meses. Si la comisión administrativa determina que esa web infringe los derechos de autor, el cierre será autorizado por la Audiencia Nacional antes de cuatro días. “En un proceso de cuatro meses, lo único que autorizará el juez es el cierre de una página vacía“, augura Levi.

Es parte de un artículo de Blanca Salvatierra publicado en NoAlCierreDeWebs.

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